Las mujeres del Partido Socialista han liderado debates internos, introduciendo o avalando lo que muchos movimientos sociales de carácter feminista demandaban y reivindicaban para la construcción real de una sociedad más justa, más igualitaria, más progresista. Muchos de estos derechos se han ido afianzando a través de leyes que han supuesto la consolidación de esos irrenunciables derechos.
Por citar alguna de esas reivindicaciones a lo largo de nuestra historia, una fue la de la incorporación de las mujeres a las listas electorales y/o cargos de responsabilidad orgánica, asegurando un proceso de incorporación progresivo y amplio hasta que se alcanzara la paridad. Fue el denominado tema de las “cuotas”, que no tuvo, en ocasiones, muy buena prensa, e incluso generó, a veces, la broma fácil, desviando el foco de la esencia de su objetivo: la incorporación paulatina pero segura de las mujeres a las responsabilidades orgánicas, políticas, sociales.
Reconozcamos que el avance fue lento, quizás demasiado lento, pero reconozcamos también que, desde ese compromiso, no se dio ni un sólo paso hacia atrás. Es más, alcanzado el objetivo marcado, éste se consolidó y de él emanó uno nuevo más comprometido, más cercano a la paridad real hasta llegar, en las candidaturas, a las listas cremalleras y liderando muchas mujeres las listas locales, autonómicas, estatales o europeas.
Eso nos recuerda, también, el sempiterno debate de la doble militancia, feminista y socialista. Una doble militancia que se enriquece por incorporar perspectivas diversas. Es más, el diálogo a través de argumentaciones contrarias entre sí, termina generando sinergias para la consecución real de la igualdad, de la justicia social, de la equidad.
La integridad, la coherencia de la mujer feminista y socialista no es susceptible de cuestionarse en ninguno de los dos ámbitos, sino que es merecedora de ser puesta en valor como un espacio en el que muchas mujeres nos reconocemos, identificándonos con los ideales feministas y socialistas. No es una mera opinión casual, incierta o ingenua, sino que viene avalada desde el primer tercio del siglo XX.
Sin ir más lejos, en la Segunda República, nueve fueron las mujeres que obtuvieron la credencial de Diputada, cinco de ellas del Partido Socialista: Margarita Nelken Mansberger, Maria Lejárraga Garcia, Matilde de la Torre Gutiérrez, Veneranda Garcia-Blanco Manzano y Julia Álvarez Resano, siendo Margarita Nelken la única diputada que repitió en las tres elecciones republicanas (1931, 1933, 1936). Todas ellas militantes, en su momento, del PSOE, pero también socias activas de un amplio abanico de asociaciones pro derechos de la mujer, feministas, pacifistas, y/o sufragistas, tales como la Asociación de Mujeres contra la Guerra y el Fascismo, la de Mujeres Españolas, Mujeres Universitarias y la Sociedad Española del Abolicionismo, entre otras.
Juntas, feministas y socialistas, lucharon por la laicidad, la educación pública, la igualdad salarial, y contra el Código Civil y Penal que las discriminaba; juntas, desde las calles o en el seno del Congreso, debatieron y redactaron, en otras, un Seguro de Maternidad para las trabajadoras (1931), una Ley del Divorcio que, tras largos debates, el 25 de febrero de 1932 fue aprobada con 260 votos a favor y 23 en contra y publicada, en la Gaceta, el 11 de marzo de 1932, convirtiéndose en uno de los textos más progresistas de Europa. Hasta entonces, lo relativo al matrimonio y el divorcio se regía por el Código Civil de 1889, que en su artículo 52 afirmaba: “El matrimonio se disuelve por la muerte de uno de los cónyuges”. La Ley de 1932 fue derogada por una ley franquista, la de 23 de septiembre de 1939, declarando nulas todas las sentencias de divorcio, a instancia de una de las partes.
Otro gran logro fue el Decreto de 28 de junio de 1935 por el que quedaba suprimida la reglamentación de la prostitución y donde su articulo 13 recordaba la prohibición de todo tipo de publicación que de manera más o menos encubierta tendiera a favorecer el comercio sexual. Decreto que el franquismo, una vez más, anuló con uno suyo de 27 de marzo de 1941 que volvía a reglamentarla poniendo el foco delictivo en la mujer.
Juntas siguieron luchando por la libertad y la democracia a lo largo de la Guerra Civil. Juntas fueron perseguidas, fusiladas o exiliadas, siendo doblemente juzgadas y reprimidas con el objetivo de que se adaptasen al nuevo modelo de mujer franquista.
Al llegar la democracia, después de interminables décadas de represión, juntas volvieron a las calles a demandar y defender leyes que garantizaran derechos esenciales en una sociedad democrática, igualitaria, progresista, tales como la Ley 30/1981 de 7 de julio, modificada por la Ley 15/2005, de 8 de julio, de nulidad, separación y divorcio, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de género, la Ley 13/2005 de matrimonio igualitario, de 2 de julio, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, o actualmente el Anteproyecto de Ley de memoria democrática, aprobado el 15 de septiembre de 2020, con una mención especial a la contribución de las mujeres en la lucha por la democracia, los valores de igualdad, libertad y solidaridad, entre otras legislaciones estatales, autonómicas y locales.
Se ha tejido una sociedad más igualitaria, más justa, pero aún queda mucho para que la igualdad sea una real. Seguimos en la lucha. El movimiento feminista, más asambleario, y la estructura de partido, más orgánico, no son incompatibles si los queremos hacer compatibles. No debe basarse en renuncias constantes de uno u otro ámbito, sino en aportaciones, propiciando un desarrollo integral y progresista en ambos, aunque algunas veces, oigamos o sintamos algún crujido. Pero crujir, es crecer.
Cristina Ferrer
Membre del Consell Assessor de Polítiques d’Igualtat del PSIB-PSOE
