La definición de víctima que hace la ley es global, es para todas las víctimas objeto de represión. Por tanto, por más que se empeñe la derecha de este país, no es una ley revanchista que olvide a ninguna víctima.
Palma de Mallorca, año 1937, Causa N.º 52, sobre el hallazgo de cuatro cadáveres en el semicírculo que forma el vestíbulo de la entrada del Cementerio de Palma, los N.º 60, 61, 62 y 63. El cadáver N.º 60, según descripción del médico forense del juzgado, se correspondía a “un hombre de unos sesenta años de edad, estatura regular, corpulento, llevaba barba y cabello canoso, cara grande y ovalada, nariz roma y viste americana, chaleco y pantalón negros a rayas oscuras, de paño, camisa indiana a rayas colores, camiseta de punto blanca, calzoncillos blancos, zapatos color, calcetines oscuros y además usa una boina azul”. De la autopsia practicada se desprende que presentaba “una herida con orificio de entrada de fuego de un calibre aproximado de nueve milímetros con orificio de entrada por el caballete de la nariz y salida por la región occipital media, con fractura del frontal y occipital y de los huesos de la base del cráneo, con perforación del hemisferio cerebral derecho y gran hemorragia interna; y otra herida de idénticas características con orificio de entrada en la sien derecha. […] Abiertas las cavidades no se halló nada digno de especial mención, excepto la dilatación del corazón, enfermedad que debió sufrir en vida; así como tampoco del resto del cadáver, deduciéndose que la muerte instantánea debió ser producida por los disparos dichos”. Nada dice la autopsia de los seis clavos que llevaba incrustados en la frente.
Esos dos disparos se llevaron al cadáver N.º 60, mi bisabuelo, Rafael Estades Adrover. Se llevaron también “su barba y su cabello canoso”, se llevaron “su cara grande y ovalada”, su “nariz roma”. También se llevaron su corazón enfermo. Pero con él no se llevaron sus ideas, aquellas por las que fue asesinado; estas no quedaron enterradas en el hoyo del cuadro noveno del cementerio de Palma. Esos valores democráticos, de justicia social, de igualdad y de libertad tuvieron que dormir en el silencio durante cuarenta años, pero resurgieron con más fuerza con la llegada de la democracia a este país.
Esos disparos tampoco se llevaron el dolor y el sufrimiento de las siguientes generaciones, el dolor de esa esposa y de esos hijos, el miedo de aquella que, con apenas 18 años, tuvo que prestar declaración ante el juez por si sabía quienes podían haber sido los autores de la muerte de su padre. Ningún disparo se llevó el dolor de las familias, de tantas y tantas mujeres que, como ellas, vieron arrancadas de sus vidas a sus maridos y a sus hijos. El dolor de aquellas que corrieron la suerte de no ser asesinadas, pero que vivieron en el exilio interior durante décadas, señaladas, juzgadas e incomprendidas. De esas que siguieron luchando y de aquellas que tuvieron que asumir con resignación los dictados de la dictadura franquista, los de la mujer sumisa, entregada y devota que tanto daño nos han hecho a todas.
Ese dolor y esas heridas permanecen hoy y seguirán supurando mientras no haya un reconocimiento, mientras sigan tantas fosas y tantas cunetas sin abrir, mientras no se les dé una digna sepultura a la que sus familiares puedan ir a llorar. Este es un reclamo humanitario, no político. No es venganza, es empatía. No es confrontación, es unión.
El 5 de octubre el Senado aprobó la Ley de Memoria Democrática, una ley necesaria, que avanza respecto a la de 2007, recogiendo la memoria de nuestra sociedad para que no pueda volver a repetirse en el futuro. Una ley que condena la dictadura y el golpe de estado de 1936, homenajea a todas las víctimas de la guerra y a las de la represión franquista, situándolas en el centro de la acción pública, incluyendo a las personas que sufrieron represión por razón de su orientación o identidad sexual, o las que fueron perseguidas por hacer uso de las lenguas y las culturas vasca, catalana y gallega. Una ley feminista que reconoce el silencio de esas mujeres producido por el miedo y el trauma, así como su papel activo en la vida intelectual y política y en la defensa y conquista de los valores democráticos y los derechos fundamentales.
La definición de víctima que hace la ley es global, es para todas las víctimas objeto de represión. Por tanto, por más que se empeñe la derecha de este país, no es una ley revanchista que olvide a ninguna víctima. A diferencia de lo que ocurrió durante el franquismo, que también impulsó la memoria histórica, pero una memoria que no tenía nada de democrática y que solo incluía y reconocía a las víctimas de un bando: el sublevado.
Durante la dictadura se establecieron importantes medidas de reconocimiento y reparación moral y económica a las víctimas que habían combatido o posicionado a favor del golpe de estado. Se exhumaron numerosas fosas comunes sufragadas por el Estado y se edificaron monumentos conmemorativos y panteones por toda España. Por tanto, el tratamiento con las víctimas fue totalmente asimétrico, las víctimas que murieron por defender la legitimidad democrática de la República fueron criminalizadas, estigmatizadas, invisibilizadas y olvidadas durante décadas y así han permanecido durante demasiado tiempo. La distinción entre “vencedores” y “vencidos” y la idea de la victoria que implantó Franco fueron el argumento para legitimar la exclusión y la degradación social de los vencidos y representó la fractura social de mayor envergadura en la historia reciente de España. Hoy podemos afirmar que los denominados “vencidos” en realidad vencieron, pues la democracia ha ganado.
Esta ley, a pesar de todas las injustas interpretaciones que ha hecho la derecha y ultraderecha de este país, no ha venido a fomentar odio ni abrir heridas. Ha venido a coser la fractura social que todavía existe, a dar dignidad a todos los que han sufrido una guerra injusta. El espíritu de esta ley es de reconciliación, concordia y reparación.
En definitiva, una ley que reivindica la Transición Democrática y se fundamenta en los derechos humanos y en los principios fundamentales del derecho internacional humanitario de verdad, justicia, reparación y deber de memoria, siguiendo las recomendaciones de organismos como Naciones Unidas. Porque en una sociedad del siglo XXI no se puede prescindir del recuerdo, de aportar al presente los valores que hicieron posible la llegada de la democracia y de la consolidación de nuestro actual Estado de Derecho. Esos valores que nunca consiguieron matar las balas.
Hoy, 31 de octubre, establecido por la ley como Día del Recuerdo y Homenaje a todas las víctimas de la guerra civil y la dictadura, día en el que en sendas sesiones plenarias del Congreso de los Diputados y del Senado se aprobó la actual Constitución en el 78, es un día para el reencuentro, para la reconciliación y para celebrar la democracia que somos todos.
Lorena Oliver Far
Secretària de Memòria Democràtica del PSIB-PSOE
