Propuesta en el Parlament de impulso y regulación del teletrabajo para favorecer la conciliación La Comisión de Turismo y Trabajo del Parlament de Illes Balears ha aprobado una iniciativa impulsada por el Grupo Parlamentario Socialista para que los gobiernos autonómico y de España impulsen el teletrabajo y medidas de flexibilidad laboral en la empresa privada para favorecer la conciliación a través de una ley estatal y de los convenios colectivos. “Los socialistas tenemos muy claro que el futuro del trabajo pasa por la conciliación, y el teletrabajo puede ayudar”, ha explicado el diputado Jordi Marí, impulsor de la iniciativa, firmada conjuntamente con los grupos que apoyan el pacto de gobierno. Sin embargo, el diputado también ha alertado de que “el teletrabajo, por sí mismo, no implica conciliación. Al contrario, puede empeorarla, como se ha demostrado durante el Estado de Alarma”, razón por la que se hace necesaria la regulación de esta modalidad de trabajo, ha enfatizado. El socialista ha reafirmado la idea de que el teletrabajo “tiene numerosas ventajas, pero no los aprovechamos ni se consolidarán hasta que se regule, aporte seguridad y delimite las obligaciones tanto de las empresas como de los trabajadores”. En este sentido, el socialista ha puesto de ejemplo cuestiones como el derecho a la desconexión de los trabajadores, cuál de las partes debería asumir los gastos derivados de la actividad laboral (luz, Internet, equipos de trabajo), la prevención de los riesgos laborales y la capacidad de control sobre las tareas por parte de las empresas. Marí también ha incidido en que esta iniciativa lo que pretende es “consolidar una modalidad” que en los últimos meses, a causa de la Covid-19, “se ha hecho muy habitual”, pasando del 7% previo al confinamiento al 30% -32 % actual. Concretamente, la proposición no de ley insta al Govern de les Illes Balears a impulsar el teletrabajo y otras medidas de flexibilidad laboral a través de las mesas sectoriales con sindicatos, patronales y asociaciones empresariales y al Gobierno de España a tramitar una ley consensuada con los sectores productivos y promover esta modalidad de trabajo a través de los convenios colectivos.
