Aprobada la propuesta del PSOE para retomar el proyecto de residencias para policías en el solar de la Comisaría y su ejecución “en el menor plazo de tiempo posible”

La Comisión Mixta de Insularidad ha aprobado la propuesta del PSOE, presentada por la diputada Milena Herrera, de retomar la construcción en Eivissa de residencias para policías en el solar de la Comisaría de la Policía Nacional, con la redacción del proyecto y su ejecución a cargo del Gobierno de España “en el menor plazo de tiempo posible”.

La propuesta supone “replantear la actuación, dejarla en manos del Gobierno y adecuarla a un modelo residencial que permitirá dar mejor respuesta a las necesidades detectadas por el Ministerio del Interior”, como ha explicado Milena Herrera durante su debate.

En la propuesta se ha incorporado la enmienda del senador de Eivissa y Formentera, Juanjo Ferrer, para que el proyecto se lleve a cabo “sin perjuicio de que también puedan beneficiarse el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad y/o otros funcionarios de la Administración General del Estado. El PP no ha querido apoyar la propuesta, dejando su voto en abstención.

La diputada ibicenca ha explicado que en la ciudad de Eivissa, donde se encuentra la Comisaría de la Policía Nacional, el precio medio del metro cuadrado se sitúa ya en los 6.639 euros, lo que supone un incremento del 12,2 por ciento respecto del año pasado. “Es urgente, es imprescindible que actuemos desde todos los frentes posibles y que construyamos consensos porque en estos momentos el equilibrio social, económico y de convivencia en nuestra isla pasa por un momento muy delicado”.  

La diputada ha recordado que la propuesta viene precedida por el acuerdo alcanzado entre administraciones en el año 2019, a propuesta del presidente socialista del Consell Insular en aquel momento, Vicent Torres, para utilizar el solar propiedad del Ministerio del Interior que se encuentra junto a la comisaría para impulsar viviendas públicas y dar respuesta a las necesidades de la Policía Nacional. 

Este acuerdo político se concretó en la firma de un protocolo de actuación por el cual el Gobierno de España ponía a disposición el terreno de su propiedad; el gobierno autonómico debía de encargarse de diseñar, construir y financiar parcialmente las viviendas; el Consell d’Eivissa adquiría uno de los nuevos edificios para colaborar así en la financiación y disponer de vivienda pública propia y el Ayuntamiento de Ibiza se comprometía a agilizar toda la tramitación urbanística necesaria.

“La operación urbanística era compleja, es cierto, y no pudo desarrollarse en los términos inicialmente previstos y ante la petición del Govern balear y del Ministerio del Interior de prorrogar el protocolo para mantener el marco de trabajo, el Consell d’Eivissa, gobernado ya por el Partido Popular, aprovechó para dejar caer un compromiso en el que, lamentablemente, no ha creído nunca, porque en realidad, nunca cree en ningún proyecto de vivienda pública”, ha lamentado la diputada. 

Un proyecto de vivienda pública que “fue ideado, no sin dificultad, por un gobierno socialista”. “Era complejo y hubo reuniones y conversaciones, muchas, y se avanzó entre Gobierno balear y Gobierno central. Con los que no se avanzó fue con ustedes -ha dicho dirigiéndose al Partido Popular- porque el gobierno insular del señor Marí nunca ha tenido intención de aportar un solo euro a este proyecto y eso convertía la operación en inviable económicamente para el Gobierno autonómico”, ha explicado.

“El presidente Marí no respondió a los avisos del Ministerio para prorrogar un año el protocolo y poder elevarlo a convenio una vez se había avanzado en la manera en que podía llevarse adelante la actuación”. 

“Háganselo mirar porque ustedes, en materia de vivienda pública. Hay muchas personas en Balears, en Eivissa, esperando que hagan algo y después de un año y medio sus políticas en vivienda pública no solo son inexistentes, sino que nos están yendo a ir hacia atrás”. 

La diputada socialista se ha referido, concretamente, al “boicot a la Ley de Vivienda para no aplicar la rebaja de los precios del alquiler”, al “parón absoluto de la política de vivienda pública” y al“programa de alquiler “al que llaman ‘seguro’ y que lo único que tiene de seguro es que permite a los propietarios lucrarse con precios abusivos que expulsan al ciudadano medio del mercado del alquiler”, o la parálisis de la solución acordada para los afectados de los apartamentos Don Pepe.

Por contra, “el Gobierno de España demuestra que no es ajeno al problema ni quiere serlo a la solución”, ha dicho Milena Herrera. “Este otoño ha comenzado la urbanización de Ca n’Escandell, el paso definitivo para la mayor operación de vivienda pública que vamos a ver en nuestra isla”,  “impulsada -como ha recordado – por gobiernos locales socialistas”. 

“Nadie pone hoy en cuestión la importancia de esas 430 viviendas y estoy segura de que todo el mundo querrá ponerse en la foto, pero no olvidemos que solo será posible gracias a la implicación del SEPES y del Ministerio de Vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez”.