Hablar sobre prostitución es hablar sobre el mundo y el modelo de sociedad que queremos, sobre cómo concebimos las relaciones entre los hombres y las mujeres y sobre dignidad. El neoliberalismo nos quiere hacer creer en el “mito de la puta feliz”, empoderada, que elige. Se trata de eso, de un mito: el de la libre elección, que actúa como el dispositivo ideológico que necesita el neoliberalismo sexual para hacer pasar por libertad lo que es explotación, y legitimarla.
Hay muchas cuestiones positivas en el proyecto de ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual, pero me gustaría centrarme en un aspecto que me parece de especial trascendencia, como es la reintroducción en el Código Penal de algo que no debió salir nunca: la persecución de la tercería locativa.
La tercería locativa es el lucro por alquilar un espacio donde se prostituye a una persona. Hablamos del local, de la habitación, del bar o del negocio donde se está produciendo explotación sexual y que, por tanto, los beneficios obtenidos por este alquiler te hacen cómplice y cooperador necesario de la esclavitud del siglo XXI, que es lo que verdaderamente es la explotación de mujeres.
La tercería locativa estaba en el anterior Código Penal para dar cumplimiento a las obligaciones internacionales de España, en concreto al Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena, firmado en 1949. Sin embargo, el gobierno del Partido Popular, siendo ministro de justicia Alberto Ruiz Gallardón, modificó el Código Penal en 2015 para sacar esos espacios de la tipificación de delito.
Resulta paradójico que, el mismo ministro que quiso quitarnos el derecho a abortar libremente, concediera total impunidad a quienes se lucran con el alquiler del espacio donde se prostituye a mujeres. Sabemos que todo lo que se despenaliza, se acerca a la legalización y que pueda haber un negocio legal vinculado a la explotación.
El Gobierno de España, reintroduciendo la persecución de la tercería locativa, hace una apuesta firme contra la explotación sexual. Pone fin a una de las rendijas por las que se escabullen los proxenetas, que se escudan en que simplemente alquilan habitaciones.
Estamos ante un paso importante en la dirección del abolicionismo de la prostitución, que es la perspectiva que pone el foco en la penalización de la demanda -del putero, que es el elemento que siempre suele quedar fuera de la ecuación- y la persecución de las mafias y proxenetas, a la par que ofrece alternativas vitales y laborales a las mujeres prostituidas.
La postura abolicionista saca a la luz las condiciones de desigualdad económica y de género que se ceba con las mujeres pobres y aboga por relaciones sexuales verdaderamente libres, ya que sin igualdad jamás habrá libertad.
Es imprescindible que, a esta legislación que da pasos importantes, le acompañe una ley integral contra la trata, articulando medidas de acompañamiento y protección social, con salidas laborales y alternativas habitacionales y económicas para estas mujeres, como hemos hecho en Balears con nuestro plan autonómico contra la explotación sexual.
Un plan pionero en el conjunto del Estado y que ha enmarcado las acciones políticas: colaborando con las entidades sociales, a través de aportaciones extra para dar cobertura a cerca de quinientas mujeres prostituidas, de la mano de los consells insulars para ofrecer una alternativa habitacional y a través de la renta social garantizada.
Ahora, desde Balears estamos liderando el proyecto ‘Red de comunidades autónomas por una vida libre de violencia para las mujeres en contextos de prostitución y la eliminación del tráfico y la explotación sexual infantil y adolescente’, en el que participan ocho comunidades más, para rescatar a 2.500 mujeres prostituidas y ofrecerles una alternativa de vida a través de recursos concretos.
El proyecto se ha presentado al Gobierno de España para su posible inclusión entre las iniciativas que serán financiadas por el fondo europeo EU Next Generation, que pone la igualdad de oportunidades en el centro de los fondos de recuperación.
Igualmente, y conscientes de las nuevas formas de explotación, se ha realizado una herramienta novedosa en el conjunto del estado para la detección de la explotación sexual infantil, trabajada y validada por cuatro universidades para actuar cuando hay sospechas, prevenir y abrir los ojos ante esta terrible realidad.
Sabemos, gracias al Grupo de Estudios de la Prostitución de la Universitat de les Illes Balears (UIB), que en las islas unos 100.000 hombres hacen uso de la prostitución cada año y que en 2020 unas 2.300 mujeres fueron prostituidas.
La ley autonómica de igualdad entre mujeres y hombres considera la explotación sexual como una forma de violencia machista. Por tanto, las mujeres pueden acceder a los derechos y recursos de la administración. Esto no pasa con la ley estatal, de ahí la necesidad de la ley integral.
Termino como he comenzado: ¿qué tipo de mundo queremos?, ¿qué relaciones queremos entre hombres y mujeres?, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a sacrificar a las mujeres más pobres para satisfacer los deseos de aquellos hombres que piensan que las mujeres son meros objetos de usar y tirar?
El abolicionismo es, sin lugar a duda, la meta y el camino. Y lo que significa es estar del lado de los derechos humanos.
Silvia Cano
Portaveu adjunta del Grup Parlamentari Socialista i secretària d’Igualtat i Memòria Democràtica del PSIB-PSOE
